Javier Duarte- Alerta Amber

Elena Limón

El despilfarro, la corrupción, acompañado del descaro de los gobernantes en México ha tomado mayores proporciones en los últimos años. Las instituciones mexicanas, el estado de derecho y la sociedad misma han permitido no solo que estas situaciones se repitan, sino que se conviertan en un común denominador en la clase política, logrando que el andamiaje jurídico proteja sus interés particulares sobre los bienes sociales. El despilfarro, la corrupción, acompañado del descaro de los gobernantes en México ha tomado mayores proporciones en los últimos años. Las instituciones mexicanas, el estado de derecho y la sociedad misma han permitido no solo que estas situaciones se repitan, sino que se conviertan en un común denominador en la clase política, logrando que el andamiaje jurídico proteja sus interés particulares sobre los bienes sociales.

El imaginario social se corrompe asimismo, haciendo de la justicia y las leyes mexicanas el instrumento que acentúa la brecha entre las distintas clases sociales, afectando no sólo a la economía publica de los Estados, sino haciendo de la corrupción un elemento natural de la estructura social.

Una pieza que busca tirar el hilo de la historia de la corrupción en México no sólo como un ejercicio que evidencie las omisiones intolerables que la sociedad y el Estado han generado al derredor de este tema, sino también, cuestionar y crear un instrumento dentro de la esfera pública que evidencie sus deficiencias, generando un efecto ologramatico en la sociedad mexicana. Enfrentando ante sí al ciudadano, no con la finalidad de que se asile como un simple observador ,sino como accionador y participe de la justicia.

Contextualización de la propuesta
La deuda pública que arbitrariamente la clase política ha  generado y heredado a sus sucesores, tanto en Puebla como en otros Estados se ha incrementado de manera desproporcionada e injustificable. Lo que quiere decir que ni una de las políticas publicas han sido diseñadas con miras a la mejora económica y cultural de la sociedad, lo que evidencia la ruptura entre los distintos rubros que forman parte de la comunidad artística de opinión, tanto de actores empresariales como de los culturales. Lo que ha orillado a la construcción y edificación de obras monumento, que no dialogan con la sociedad en cuestión. Que si bien funcionan como una atracción turística lo hacen más como un generador de deuda pública y una pantalla perfecta para los cuantiosos negocios y licitaciones que facilitan un descomunal desvió de recursos públicos, lo que posteriormente les permite seguir perpetuándose en la palestra política o los obliga a  fugarse, dejando endeudadas generaciones de contribuyentes que pese a ser consientes de estas prácticas, eligen a los mismos personajes vulgares y ambiciosos de siempre. Los casos de gobernadores prófugos se han acentuado en los últimos años, uno de los ejemplos más claros y familiares, es la deuda del Estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle, se estima que dicha deuda  es de 150, 000 000 000 generada en su mayoría por “elefantes blancos”, ruedas de la fortuna, teleféricos, puentes sobre los puentes, y una banalización de la cultura, dejar ir a estos gobernadores sin un juicio político donde cuestione jurídicamente el porqué de sus políticas y despilfarros, es jugar a ignorar la mala praxis no solo con el herario público, si no de un gobierno sin escrúpulos, donde la ciudadanía es sobajada y en el mejor de los casos ignorada..

En una entrevista a medios de comunicación Javier Duarte, entonces gobernador del Estado de Veracruz, dijo; “Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y dos Pingüinos en el Oxxo”. Situación que orilló a tomar el caso del Estado de Veracruz y desarrollar una pieza al derredor de este personaje, que evidenciara no solo el hecho de ser profugo y permanecer en calidad de desaparecido (NOTA: ya esta detenido esperando la extradicion), sino tambien utilizar la Alerta Amber organismo público para la localización de personas y transformarlo en un accionador de la justicia social.

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